El llamado «derecho al olvido» proviene inicialmente del contexto de la Unión Europea. Se trata de un concepto vinculado con la privacidad de los individuos que les permite solicitar la eliminación de información personal que consideren obsoleta o que ya no es relevante, de manera que no sea accesible al público general mediante buscadores como Google.
Este derecho fue significativamente reforzado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2014, cuando determinó que los ciudadanos de la UE tienen el derecho a pedir a los motores de búsqueda que eliminen datos personales que les conciernan.
El caso clave que amplificó la discusión sobre este derecho y su implementación fue el de Mario Costeja González contra Google Spain. González argumentó que un viejo anuncio de una subasta relacionada con una deuda previa suya que ya había sido resuelta continuaba apareciendo en los resultados de búsqueda, lo cual afectaba su reputación.
El TJUE falló a su favor, estableciendo un precedente para lo que se conoció como el «derecho al olvido». En dicha sentencia se resolvió que la actividad del buscador, consistente en rastrear la red, indexar los contenidos de la misma y ofrecer los resultados, es decir mostrar los enlaces tecleando el nombre de una persona, tenía la consideración de “Tratamiento de datos personales” y que ponderando los derechos en conflicto (protección de datos, interés público, interés legítimo del buscador) estimó, atendiendo a la naturaleza de la información, al tiempo transcurrido y al carente interés público en tener acceso a esa información, la prevalencia de los derechos de ese ciudadano, concluyendo que Google estaba obligado a eliminar, valga decir: desindexar tales enlaces.
Este derecho hoy se encuentra codificado desde el año 2018 dentro del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea en su artículo 17, donde se establece un «derecho de supresión» similar al derecho que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había reconocido a través de la sentencia, y ello ha despertado un amplio debate sobre el equilibrio entre la privacidad personal y el acceso a la información.
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Premisas fundamentales de este derecho
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Las premisas del derecho al olvido se basan en la protección de la privacidad y la autonomía personal en el entorno digital. Se podrá solicitar este derecho cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que el tratamiento de los datos sea ilícito, porque se vulnera cualquier norma.
b) Que los datos personales ya no sean necesarios para cumplir los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo. (Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se trata de borrar cualquier rastro que se haya dejado en internet.)
c) Que el Interesado se oponga al tratamiento y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento.
d) Que los datos personales deban suprimirse porque existe una obligación legal para ello.
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¿Ante quién se exige el derecho al olvido?
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Este derecho se puede exigir principalmente ante las empresas o entidades que recopilan, procesan y almacenan datos personales, especialmente las empresas de motores de búsqueda como Google. Si la solicitud se realiza correctamente y se cumplen todas las condiciones, la empresa debe eliminar la información. Si una empresa se niega a eliminarla se puede llevar el caso a una autoridad de protección de datos o a un tribunal para que decida. Es importante entender que este derecho debe equilibrarse con otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho del público a acceder a la información. Por tanto, no todos los casos resultarán en la eliminación de datos. El ejercicio del derecho a la supresión de datos y, por ende, el derecho al olvido aplica exclusivamente a las personas físicas.
Para el ejercicio de este derecho ante los motores de búsqueda se requiere que se cumplan de forma conjunta los siguientes requisitos:
- Que la búsqueda se realice por el nombre del Interesado: entendiéndose por esto: los nombres y apellidos, seudónimo, nombre artístico, diminutivo del nombre, siendo lo relevante cómo se le conoce a la persona a nivel general.
- Que los enlaces publicados contuvieran información relativa a una persona y que dicha información fuera inadecuada, inexacta, no pertinente, no actualizada, excesiva o hubiera devenido como tal por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información o que las circunstancias personales invocadas por el afectado evidencias en la prevalencia de sus derechos sobre el mantenimiento de los enlaces por el buscador.
Uno de los pilares que se pretende lograr es proteger la privacidad individual, permitiendo a las personas controlar su información personal y evitar que esta se difunda de manera perpetua en el internet. Los individuos tienen derecho a solicitar la eliminación de información pertinente a ellos que ya no es relevante o que es obsoleta. El propósito es evitar que la información antigua afecte negativamente la vida actual del individuo. Sin embargo, es esencial encontrar un equilibrio entre el derecho a la privacidad con el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información. No es un derecho absoluto, sino que debe considerarse en relación con otros intereses y derechos.
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Pasos para hacer la solicitud correctamente y las condiciones que lo rigen:
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1. Identificar la información: se debe identificar la información específica que se desea sea eliminada. Puede ser un enlace a un artículo, una imagen, un video o cualquier otro tipo de contenido digital.
2. Contactar a la entidad correcta: en la mayoría de los casos, esto será el motor de búsqueda donde se encuentra la información, como Google o YouTube, o directamente ante el responsable del Tratamiento de la fuente original en la que aparece una determinada publicación que contiene datos personales del Interesado (periódico digital, blog o una red social).
3. Hacer la solicitud: muchos motores de búsqueda tienen formularios en línea específicos para enviar esa solicitud, la cual debe incluir detalles sobre la información específica a ser eliminada y la razón por la que se cree que deberían hacerlo, es decir proporcionar información necesaria sobre el contexto para que puedan tomar una decisión.
Es importante mencionar que, la solicitud no garantiza que la información será eliminada. La entidad tomará una decisión basándose en varios factores, incluyendo la relevancia de la información para el interés público.
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Derecho al olvido en Google
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Google se rige por la normativa de la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que establece el «derecho al olvido» en el artículo 17, titulado «Derecho de supresión». Según esta normativa, los individuos tienen el derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales en ciertas circunstancias.
Así mismo, Google tiene un formulario en línea para solicitar la eliminación de información personal de los resultados de su motor de búsqueda. Sin embargo, la compañía aclara que este proceso tiene en cuenta el interés público en la información. Por lo tanto, si considera que el interés público en tener acceso a la información supera el riesgo de daño al individuo, puede que no se elimine.
Google evaluará cada solicitud de acuerdo a los criterios establecidos en el RGPD y las interpretaciones judiciales de estos. Además, especifica que solo puede eliminar información de sus propios resultados de búsqueda. No puede eliminar información de la web en sí, ni de los servidores de terceros. Así que, aunque la información pueda ser eliminada de los resultados de búsqueda de Google, puede seguir estando accesible en la web. También dependerá de la fuente de la información, por ejemplo: si es gubernamental o de un portal de noticias, si la persona es figura pública o no, qué tan antigua es la información, la veracidad de la misma determinada por un Tribunal y si incluye datos sensibles los cuales el solicitante no haya dado su consentimiento para hacerlos públicos.
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Derecho al olvido en Youtube
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YouTube, que es propiedad de Google, se rige por las mismas políticas de privacidad y protección de datos personales. La cláusula que regula el derecho al olvido en YouTube es similar a la de Google, ya que se basa en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea.
En el caso de YouTube, se puede solicitar la eliminación de un video o una cuenta completa, pero se debe demostrar que el contenido infringe los derechos de protección de datos personales y/o derechos de autor. Del mismo modo, YouTube también evaluará la solicitud basándose en la relevancia pública de la información y otros factores como, por ejemplo: si alguien publica una obra que esté protegida por derechos de autor sin el permiso correspondiente. De igual manera, tiene un formulario en línea para solicitar la eliminación de videos de los resultados.
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Derecho al olvido en Instagram y Facebook
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El «derecho al olvido» no se aplica directamente en las plataformas de redes sociales como Instagram y Facebook de la misma forma que lo hacen con los motores de búsqueda en Europa, bajo el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). Sin embargo, existen mecanismos y políticas que permiten a los usuarios ejercer control sobre su información y privacidad.
Dentro de la Política de Privacidad de Instagram y Facebook, se especifica que los usuarios pueden eliminar su cuenta en cualquier momento. Al hacerlo, todas las fotos, comentarios, likes, seguidores y todos los demás datos serán eliminados permanentemente y no se podrán recuperar. De esta manera, los usuarios pueden ejercer su derecho al olvido. Además, en ambas se proporcionan varias herramientas para que los usuarios gestionen su privacidad y sus datos. Por ejemplo, los usuarios pueden configurar su cuenta como privada, controlar quién puede ver sus publicaciones, y gestionar la visibilidad de su información de perfil.
Sin embargo, al igual que en otros servicios en línea, aunque en ambas redes se puede eliminar la información de su propia plataforma, no puede eliminarse la información de la web en general o de otros servidores de terceros. Por lo tanto, es posible que la información eliminada aún pueda estar disponible en otros lugares en línea.
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Breves consideraciones del derecho al olvido y el derecho a la información
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La cuestión de si el derecho a la privacidad es más importante que la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información es uno de los debates más complejos y matizados en el ámbito de los derechos humanos y legales. No hay una respuesta definitiva, ya que la importancia de cada derecho puede variar según el contexto cultural, legal y específico de cada situación. La balanza entre estos derechos refleja las tensiones inherentes en sociedades democráticas modernas.
En el caso del derecho a la privacidad este es esencial para la dignidad individual y la autonomía personal. Protege a los individuos de la intrusión injustificada en su vida personal y permite que las personas controlen su propia imagen y la información personal que se comparte públicamente. Sin privacidad, podríamos encontrarnos en una sociedad de vigilancia donde el miedo y la autocensura podrían limitar significativamente la libertad personal.
En cuanto a la libertad de expresión es un pilar de las democracias liberales y es crucial para el debate público, la expresión artística y literaria, entre otros. Ayuda a promover la transparencia y es fundamental para la participación y responsabilidad democráticas. Restringirla excesivamente puede llevar a la opresión y al abuso de poder. El derecho al acceso a la información facilita la transparencia y la rendición de cuentas en los gobiernos y las instituciones y permite que los ciudadanos estén informados y participen activamente en su sociedad. Es fundamental para el ejercicio de otros derechos cívicos y esencial para una gobernanza efectiva y equitativa. El desafío radica en equilibrar estos derechos de manera que se maximice el bienestar social global sin sacrificar injustificadamente los derechos individuales.
La jurisprudencia y la legislación también varían enormemente entre diferentes países, reflejando valores culturales y sociales divergentes. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la libertad de expresión es extremadamente protegida bajo la Primera Enmienda, mientras que, en Europa, hay una mayor disposición a restringir la expresión para proteger otros derechos como la privacidad y la dignidad personal.
Desde esta óptica, argumentar que un derecho es inherentemente más importante que otro omite la complejidad de las sociedades humanas y de las leyes que las rigen. La clave está en encontrar un equilibrio razonable y adaptable que responda a las necesidades cambiantes de la sociedad, garantizando al mismo tiempo la protección de los derechos fundamentales.
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Derecho al olvido en el contexto Latinoamericano
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El derecho al olvido en América Latina se entiende como la facultad que tienen las personas para solicitar la eliminación de ciertos enlaces que atenten contra su privacidad en motores de búsqueda. Los países latinoamericanos adoptan y adaptan este derecho según la legislación y contexto específico de cada país. Recopilando información tenemos los siguientes antecedentes:
Argentina: Fue pionero en este ámbito. La Sala H de la Cámara Nacional en lo Civil de Argentina confirmó, el 10 de agosto, la aplicación del «derecho al olvido» en favor de Natalia Denegri, quien demandó a Google para que eliminara resultados de búsqueda relacionados con eventos personales de hace más de veinte años. La resolución judicial no ordena la eliminación de la información en sí, sino la desindexación del nombre de Denegri de los resultados de búsqueda que remiten a dicha información.
México: Aunque no reconoce explícitamente el derecho al olvido, se interpreta dentro de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) regulan la gestión de datos personales, pero con excepciones para ciertos tipos de información.
Brasil: En Brasil, el derecho al olvido ha sido implementado en casos judiciales, como contra la TV Globo, y se fortaleció con la aprobación en 2015 del proyecto de ley 215/2012 por la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Representantes. Esta ley modifica el marco civil de internet para incluir el derecho al olvido, estableciendo que todos los asuntos de datos personales se resolverán en juzgados brasileños, incluso si involucran servicios de compañías extranjeras. A diferencia de Europa, donde se practica la desindexación, en Brasil la información puede desaparecer por completo, y el derecho al olvido también se aplica a personalidades públicas, lo cual no ocurre en Europa.
Colombia: La Corte Constitucional ha ordenado a medios desindexar contenido específico en ciertos casos, priorizando la desindexación en lugar de la eliminación completa. El derecho al olvido no se aplica a figuras públicas o casos de crímenes graves.
Costa Rica: Reguló explícitamente el derecho al olvido a través del Reglamento a la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales en 2013. Establece una duración de conservación de datos y exceptúa situaciones con órdenes judiciales competentes.
Nicaragua: Reconoce de manera explícita el derecho al olvido desde 2012, permitiendo a los individuos solicitar la eliminación de sus datos en redes sociales y otros servicios de internet.
Uruguay: Su legislación permite la rectificación y eliminación de datos en caso de error o falsedad, aunque todavía no tiene una gran cantidad de demandas que justifiquen reformas legislativas.
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Caso Venezuela
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En el contexto venezolano, tenemos dos artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que pueden servir de base sólida para invocar el derecho al olvido, estos son el Articulo 60 “Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos” y el artículo 28, conocido como el Habeas Data.
En relación al Habeas Data ciertos autores consideran que se trata tanto de un derecho como de una garantía y para otros es un derecho humano de tercera generación. La Constitución nacional lo regula como sigue:
Art 28: «Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley.»
El Habeas Data como acción autónoma e independiente al amparo constitucional, constituye el medio procesal idóneo y expedito para hacer valer en juicio el derecho al olvido, es decir, el derecho a exigir la eliminación total o parcial de datos de información que generan perjuicio de diversa índole en la esfera de derechos en un determinado individuo o grupo de individuos y que se ha mantenido archivada en sistemas de información telemáticos en el transcurso de un tiempo determinado.
Los dos artículos constitucionales combinados proporcionan una base robusta para la solicitud del derecho al olvido en Venezuela invocando la Protección de Derechos Fundamentales: Al establecerse la protección del honor, la privacidad y la intimidad, y el derecho a la rectificación y destrucción de datos personales, estos artículos pueden fundamentar legalmente las solicitudes para eliminar información perjudicial en internet y por otra parte la reglamentación de la Limitación del Uso de Tecnología: Esta previsión constitucional para proteger los anteriores derechos es un argumento poderoso contra el almacenamiento y la difusión continua de datos irrelevantes o perjudiciales de las personas.
En conclusión, aunque en Venezuela no se hayan manejado jurisprudencialmente casos relativos del derecho al olvido, estos artículos de la Constitución ofrecen la estructura necesaria para que los ciudadanos defiendan su derecho al olvido, subrayando la importancia de la protección de datos personales y la privacidad en el entorno digital.
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Abg. Nuria Álvarez
Directora Escritorio Lazarus, Álvarez & Asociados, S.C