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¿A qué se refiere el concepto de carga dinámica de la prueba?
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El concepto de «carga dinámica de la prueba» se refiere a una doctrina que permite al juez modificar la asignación de la carga de la prueba en cada caso específico con el objetivo de proteger situaciones de inequidad, injusticia, facilidad, proximidad probatoria, entre otras. Esta construcción dogmática se basa en el principio de solidaridad y en los deberes de colaboración y corresponsabilidad, así como en el principio general de moralidad procesal y búsqueda de la verdad. Según esta corriente de pensamiento, la carga de la prueba debe recaer en la parte que se considera en mejores condiciones para producir la prueba.
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La carga de la prueba es un aspecto crítico de los sistemas procesales latinoamericanos, particularmente en Venezuela. La carga de la prueba es una norma compartida en los sistemas de derecho civil, y su función es establecer quién debe aportar pruebas para sustentar sus afirmaciones.
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En Venezuela, la asignación dinámica de la carga de la prueba es un tema de gran interés. El Código de Procedimiento Civil venezolano de 2014, actualizado en julio de 2016, establece que las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Sin embargo, el juez puede determinar quién debe soportar la carga de la prueba, considerando qué parte está en mejor posición para proporcionarla.
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Esta asignación dinámica de la carga de la prueba está influenciada por la naturaleza del caso y la disponibilidad y facilidad de la prueba que corresponde a cada parte. Este enfoque de la carga de la prueba refleja una visión del proceso como un instrumento de libertad o como un derecho que tiene como objetivo proteger las libertades.
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¿Cómo impacta el concepto de colaboración procesal en la asignación de la carga de la prueba en un debate judicial?
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En los sistemas procesales latinoamericanos, incluido Venezuela, el principio de la carga de la prueba se ha ido desarrollando bajo una concepción colaborativa o asimétrica del proceso. Esta concepción ve el proceso no sólo como una herramienta para resolver conflictos sino también como un mecanismo dentro del cual las partes, especialmente la más poderosa, deben colaborar para lograr la justicia y la verdad en la resolución de conflictos.
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El eje de este modelo procesal es el deber de colaboración, que muchas veces desplaza u oscurece el concepto y función de la carga procesal. Para garantizar este nuevo principio, a menudo inexpresado y creado por la doctrina y la jurisprudencia, se han desarrollado teorías que apuntan a modificar las reglas clásicas de distribución de la carga de la prueba. Estas teorías se basan en el ya mencionado principio de colaboración, que se afirma como parte o como consecuencia del principio de moralidad unánimemente compartido, a veces llamado principio de buena fe o lealtad y probidad procesal.
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¿Qué función tiene el demandado y cual el demandante?
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Bajo el concepto de carga dinámica de la prueba, la función del demandante y del demandado puede variar dependiendo de cómo se distribuye la carga probatoria en el caso concreto.
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El demandante, en general, tiene la función de probar los hechos constitutivos de su demanda, es decir, aquellos hechos que dan origen a un determinado efecto jurídico e individualizan el supuesto de hecho abstracto invocado para la resolución del caso. Estos hechos constitutivos son alegados por el actor en su demanda y son necesarios para fundamentar su pretensión.
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Por otro lado, el demandado tiene la posibilidad de permanecer inerte o de participar activamente en el proceso. Si el demandado decide participar activamente, asume la carga de la prueba respecto de las afirmaciones de hecho que realiza, sobre hechos extintivos, impeditivos o modificativos. Estos hechos pueden afectar la validez del acuerdo o la pretensión del demandante, como sería el caso de una nulidad (hecho extintivo) o la demostración de que el demandante conocía los vicios redhibitorios de la cosa vendida (hecho impeditivo).
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En el contexto de la carga dinámica de la prueba, el juez puede determinar que la carga de la prueba recaiga en la parte que se encuentra en mejor posición para aportar la evidencia necesaria, lo cual puede alterar las funciones tradicionales del demandante y del demandado en cuanto a la prueba de los hechos. Esto se hace con el fin de garantizar la equidad y la justicia procesal, y se basa en principios de colaboración y solidaridad procesal.
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El principio de la carga dinámica de la prueba en el Derecho Laboral
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La aplicabilidad de la carga dinámica de la prueba en el ámbito del derecho laboral se basa en la idea de que, debido a la desigualdad estructural entre empleador y empleado, a menudo es necesario ajustar la distribución de la carga probatoria para proteger a la parte más débil, que suele ser el trabajador. En muchos sistemas de derecho laboral, se presume que el empleador tiene un mejor acceso a la información y a los documentos relacionados con la relación laboral, y por lo tanto, puede estar en una mejor posición para probar ciertos hechos.
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Por ejemplo, en casos de despido, discriminación o reclamaciones de horas extras, puede ser difícil para el empleado obtener la evidencia necesaria para probar su caso. En estas situaciones, la carga dinámica de la prueba permite que el juez transfiera la responsabilidad de probar ciertos hechos al empleador, si se considera que este tiene un acceso más fácil a la información relevante.
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La aplicación de la carga dinámica de la prueba en el derecho laboral busca equilibrar las desigualdades y garantizar que la justicia sea accesible para los trabajadores, permitiendo que el proceso sea un instrumento efectivo de tutela sin excesivas y arbitrarias restricciones. Además, esta adaptación de la carga de la prueba en el derecho laboral está en consonancia con los principios de protección al trabajador y de justicia social que suelen regir en esta rama del derecho.
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En conclusión, la carga dinámica de la prueba es un concepto procesal innovador que busca adaptar la distribución de la carga probatoria a las circunstancias específicas de cada caso, con el fin de promover la equidad y la justicia en el proceso judicial. La carga dinámica de la prueba se fundamenta en principios de solidaridad, colaboración y corresponsabilidad, y tiene el potencial de corregir desequilibrios entre las partes, especialmente en situaciones donde una de ellas tiene mejor acceso a la información o recursos para probar los hechos en disputa. Sin embargo, su implementación debe ser cuidadosa para no vulnerar el derecho a la defensa y garantizar que el proceso siga siendo un medio para la resolución de conflictos y no una herramienta para perpetuarlos.
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Abg. Nuria Álvarez
CEO Escritorio Jurídico Lazarus, Álvarez & Asociados, S.C
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